ODIO la tecnología

Entrada original publicada en concepcioncampos.org

No, no es verdad. No odio la tecnología, al contrario, creo que es un magnífico instrumento de trabajo y una gran herramienta para la vida en general, pero no todo el mundo piensa como yo. El pasado día 13 de septiembre Cinco Días publicaba una noticia con un sugerente titular «Un juez, suspendido por no querer utilizar el ordenador», de la que me hacía eco en las redes sociales, y que incidía en uno de los principales problemas diagnosticados en el lento (y largo) camino hacia la transformación digital en la administración pública (sobre este tema reflexionábamos aquí y aquí).

Una resistencia al cambio de manual. Sobre la base de una presunta patología médica en el dedo pulgar que le impedía la utilización de los medios electrónicos, el juez, un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,  argumentaba como «supuestamente incompatible con su estado físico, todo lo que no fuera disponer de personal administrativo para transcribir al dictado sus resoluciones y para la transcripción de sus minutas, presentadas de manera extravagante», en palabras literales de la sentencia.

Por si no era suficiente motivo para no utilizar los medios electrónicos, argumentaba también, la inexistencia de la obligación de uso de medios ofimáticos en el momento de los hechos, años 2017 y 2018, pues tales medios no habían sido homologados por la Comisión Permanente del Poder Judicial (en fin…). No ha lugar. El Tribunal Supremo rechaza de plano dicha argumentación porque lo que no existe en la necesidad de dicha homologación.

El Tribunal Supremo concluye que al magistrado «le pareció inaceptable todo lo que no fuera el método de trabajo al que se había habituado», y que rechazó, por ser «supuestamente incompatible con su estado físico, todo lo que no fuera disponer de personal administrativo para transcribir al dictado sus resoluciones y para la transcripción de sus minutas, presentadas de manera extravagante». El Tribunal no tiene duda, y le consideran culpable de falta muy grave de “desatención judicial».

Es una resistencia común en muchos ámbitos, no sólo en el judicial, recientemente se publicaba el Decreto 188/2021, por el que se regula la obligación de relacionarse por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad de Madrid del personal a su servicio y de los participantes en procesos selectivos, intentando reforzar la utilización de la tecnología por parte de los empleados públicos. Por cierto, un deber establecido ya en la normativa del año 2015, en vigor desde octubre de 2016, tal y como recoge el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la transición digital es uno de los ejes del Mecanismo Europeo de Recuperación y, por extensión, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (tal y como puede comprobarse aquí) .

Pero considerar que la transformación que estamos experimentando, y a la que el Covid-19 ha forzado a tantos resistentes, es únicamente la transformación digital, con una visión basada exclusivamente en la utilización y el conocimiento de las tecnologías y herramientas digitales más sofisticadas, en la digitalización de los procesos, sería un error, pues al contrario, las nuevas tecnologías son la excusa, la coartada que origina esta revolución, que debe transformar la gestión pública, y acabar con los reinos de taifas, con las malas prácticas y las resistencias al cambio.

Gestión del cambio, ésa es la verdadera clave de la transformación digital. Queda todavía mucho camino, y en ese camino es fundamental la gestión del cambio, el acompañamiento en los procesos de cambio a las personas y las habilidades blandas (soft skills) para poder avanzar en el camino hacia la definitiva transformación digital. También en el Poder Judicial.

NOTA: Puedes consultar el texto íntegro de la resolución del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia 1087/2021 de 22 Jul. 2021, Rec. 372/2019,  en el siguiente enlace y otras noticias en prensa aquí.

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