Contratación de emergencia y Coronavirus: requisitos y posibilidades

Entrada original publicada en concepcioncampos.org

La contratación de emergencia no es nueva ni ha cambiado demasiado en las circunstancias actuales. Pero los recientes acontecimientos derivados de la situación generada por el Coronavirus COVID-19 la han puesto de actualidad por la indudable utilidad que tiene para responder a un escenario imposible de prever, sometido a rápidos cambios y de extraordinaria complejidad en su gestión. 

Por eso no resultaba extraño que  entre las medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 adoptadas en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, contemplase expresamente la habilitación para la contratación de emergencia. En concreto, en su Capítulo V “Medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas”, artículo 16 dispone lo siguiente: 

“1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los órganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia

3.- El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas para la protección de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a justificar.”

Se legitima así, en el ámbito del Estado el recurso a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 120 LCSP, que contempla un régimen excepcional cuando  la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de algunos de los siguientes supuestos: 

  • acontecimientos catastróficos, 
  • situaciones que supongan grave peligro o 
  • de necesidades que afecten a la defensa nacional, 

En los cuales habilita el siguiente régimen excepcional de emergencia:

  1. El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación (pudiendo acudir incluso a la contratación verbal), podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la LCSP, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.
  2. Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.
  3. El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.
  4. Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se observará lo dispuesto en esta Ley sobre cumplimiento de los contratos, recepción y liquidación de la prestación.

En el supuesto de que el libramiento de los fondos necesarios se hubiera realizado a justificar, transcurrido el plazo establecido en la letra c) anterior, se rendirá la cuenta justificativa del mismo, con reintegro de los fondos no invertidos.

No obstante, conviene recordar que las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en la Ley.

Tal y como ha establecido la normativa, “Lo que ampara la normativa de emergencia es una situación administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las consecuencias del suceso en cuestión”,  Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, de 4 de febrero de 2010, en cita de STS 7 de abril de 1983. 

A efectos de verificar la debida adecuación a los presupuestos previstos en la norma, podemos acudir a la reciente resolución de la Junta Consultiva de Contratación del Estado nº 17/2019, dictada con ocasión de los procedimientos de emergencia tramitados para el desarrollo del proceso electoral de 2019

Algunos supuestos que podrían encajar en las necesidades de contratación de emergencia, previo acuerdo del órgano de contratación, como consecuencia de este escenario son:

  •  Equipamientos de comunicación y teletrabajo
  • Trabajos extraordinarios de limpieza y desinfección
  • Suministro de material protector (gel hidroalcohólico, mascarillas y guantes)
  • Suministro de material de limpieza
  • Servicios de soporte y asistencia al trabajo remoto
  • Servicios de cuidados a la personas
  • Servicios de seguridad para garantizar el respeto a las instrucciones de cierre y prohibición de uso de instalaciones

En paralelo, se abren otros interrogantes sobre la contratación pública, en relación con contratos vigentes cuya prestación se reduce, suspende o aplaza, pero eso será objeto de otra entrada, aunque lo mejor sería su resolución normativa.  

Y acordaos #YoMeQuedoEnCasa, por tu bien, por mi bien, por nuestro bien, por el bien de todos.

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